El gobierno mexicano ha elevado el tono de la disputa comercial con Estados Unidos, calificando como una "violación al Tratado de Libre Comercio" el arancel del 25% impuesto a los vehículos pesados fabricados en México. Este conflicto se perfila como un tema de "la más alta prioridad" en la próxima revisión del T-MEC en 2026, poniendo a prueba la solidez del acuerdo. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, argumenta que la medida estadounidense es incongruente con la profunda integración de la cadena de suministro norteamericana, ya que los vehículos pesados ensamblados en México contienen, en promedio, un 60% de componentes de origen estadounidense.
Bajo los principios del tratado, esta composición debería garantizar un trato preferencial. La estrategia de México es negociar "un sistema de descuentos similar al que tienen los vehículos ligeros", lo que reduciría la tasa efectiva a un nivel "del 10% para abajo". Esta postura busca reafirmar la reciprocidad del acuerdo y proteger a una industria clave para la exportación nacional.
El conflicto arancelario se enmarca en un contexto más amplio de tensiones comerciales. Por un lado, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha solicitado formalmente al gobierno de EE.
UU. extender la vigencia del T-MEC por 16 años más a partir de 2026 para competir con Asia. Por otro, más de 100 congresistas demócratas han pedido al presidente Trump una "renegociación significativa" del pacto, argumentando que ha perjudicado a trabajadores y agricultores estadounidenses y ha permitido que empresas chinas usen a México para eludir sanciones.
Estas presiones cruzadas complican el panorama para la revisión del tratado, donde el tema automotriz será un punto central de negociación.
En resumenLa imposición de un arancel del 25% a vehículos pesados por parte de EE. UU. es vista por México como una violación directa al T-MEC, dado el 60% de contenido estadounidense en dichos vehículos. México buscará una reducción de la tasa efectiva a menos del 10%, convirtiendo este tema en una prioridad para la revisión del tratado en 2026, en un ambiente ya cargado por las peticiones de renegociación de diversos actores en ambos países.