Tras una sesión maratónica, el bloque oficialista validó el PEF con 355 votos a favor.

El gasto total representa un incremento del 5.9% respecto a 2025 y contempla un déficit público del 4.1% del PIB, el más alto en 35 años. La mayor parte del presupuesto se destinará a gasto social, pensiones y proyectos prioritarios como los de Pemex. Una de las decisiones más polémicas fue la reasignación de 17,788 millones de pesos, obtenidos principalmente de recortes al Poder Judicial (15.8 mil millones), al Instituto Nacional Electoral (1,000 millones) y a la Fiscalía General de la República (933 millones). Estos fondos fueron redirigidos para aumentar los presupuestos de Educación (10.8 mil millones), Cultura (1.9 mil millones), Ciencia y Tecnología (2.5 mil millones) y Agricultura (641 millones).

La oposición y organismos como Coparmex criticaron la medida, argumentando que se prioriza el gasto social con fines electorales sobre áreas cruciales como la seguridad, que sufrió un recorte del 18.6%, y la infraestructura.