Los legisladores argumentan que las políticas energéticas de México violan los capítulos 2, 14 y 22 del T-MEC, relativos al acceso a mercados e inversiones, al otorgar un “trato preferencial” a sus empresas estatales.

El congresista republicano Jodey Arrington declaró que la iniciativa otorga al presidente Trump “el pleno respaldo del Congreso para exigirle cuentas a México”. En respuesta, la Secretaría de Energía (Sener) de México, a través de su titular Luz Elena González Escobar, negó las acusaciones, afirmando que es “falso que el Estado mexicano discrimine a las empresas petroleras de Estados Unidos” y que la legislación nacional es consistente con el T-MEC. La Sener añadió que las inconformidades de 2022 ya han sido superadas por las recientes reformas, las cuales otorgan certidumbre e igualdad de oportunidades.

De no activarse el panel, los congresistas piden que el tema se aborde directamente en la revisión del tratado programada para 2026.