El sector patronal subraya que este fenómeno afecta especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), que son vulnerables al cobro de piso y amenazas. La gravedad del problema se magnifica por la “cifra negra”, que alcanza el 97%, lo que implica que solo se denuncian 3 de cada 100 casos reales. La Estrategia Nacional Antiextorsión reportó 59,283 llamadas relacionadas con este delito en poco más de dos meses, de las cuales 5,959 se consumaron o derivaron en una carpeta de investigación.

Coparmex enfatizó que “cuando un empresario se ve obligado a cerrar, trasladarse o trabajar bajo amenaza, se pierden empleos, oportunidades y confianza”, y urgió al Senado a dictaminar la Ley General para Prevenir y Sancionar la Extorsión para fortalecer la coordinación entre autoridades.