El organismo empresarial advierte que esta práctica estrangula las economías locales y evidencia una grave falla institucional.

Durante su Encuentro Nacional en Tijuana, el presidente de la Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, presentó un panorama alarmante sobre el avance de la extorsión y el cobro de piso en el país. Las cifras oficiales indican un incremento del 5.2% en el número de víctimas en 2025 en comparación con el año anterior. La situación es aún más crítica en los 43 municipios fronterizos, donde el delito creció un 15.2% y se concentra el 11.8% de las víctimas.

Sierra Álvarez describió estas prácticas como una “estructura de control económico y político que define la vida en demasiados territorios y sectores económicos”, y lamentó que la “ausencia del Estado abre espacios que jamás debieron perderse”. La Coparmex subraya que la extorsión destruye empleos, vacía comunidades y provoca una migración forzada, afectando principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas. Ante esta crisis, el organismo hizo un llamado al gobierno federal para encabezar una estrategia nacional contra la extorsión y urgió al Senado a dictaminar la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión, ya aprobada en la Cámara de Diputados, para unificar criterios y combatir la impunidad que permite que el delito crezca “sin freno y sin consecuencias”.