La situación es especialmente grave en los 43 municipios fronterizos, donde el delito creció un 15.2%. Sierra Álvarez afirmó que estas cifras no reflejan la totalidad del problema, ya que la desconfianza en las autoridades y el miedo a represalias provocan que la mayoría de los casos no se denuncien.

“La extorsión crece sin freno, sin consecuencias y sin una respuesta proporcional del Estado”, sentenció.

El líder empresarial aseguró que esta práctica delictiva destruye empleos, vacía comunidades, distorsiona mercados y provoca una “migración silenciosa y forzada”.

Por ello, hizo un llamado al gobierno federal para encabezar una estrategia nacional contra la extorsión y urgió al Senado a aprobar la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión, que busca homologar criterios y fortalecer a las fiscalías para combatir la impunidad.