El nuevo dictamen, afinado tras meses de diálogo con empresarios y sindicatos, propone una transición en cinco etapas que comenzaría el 1 de mayo de 2026 y culminaría en 2030. La reducción sería paulatina: a 46 horas en 2026, 44 en 2027, 42 en 2028, 41 en 2029 y finalmente 40 horas en 2030.
Este esquema busca dar margen a las empresas para reorganizar turnos y adoptar modelos flexibles, como jornadas de 4 días por 10 horas.
El sector empresarial ha expresado preocupaciones sobre el impacto económico.
La Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA) estima que el ajuste podría elevar los costos de inversión entre un 20% y un 25%, afectando principalmente a las PyMEs.
Por su parte, la diputada Patricia Mercado (MC) señaló que la discusión se centrará en la gradualidad y en esquemas diferenciados para sectores vulnerables, como el campo. A partir de enero de 2026, se planean pruebas piloto en polos industriales de Tijuana, Nuevo León y Jalisco para evaluar el impacto de la medida en entornos de manufactura y ventas. Con esta reforma, México busca alinearse a recomendaciones de la OIT emitidas desde 1935 para mejorar la calidad de vida y reducir el agotamiento laboral.








