Esto, según la compañía, resulta en un incremento del 24% sobre el precio del maíz amarillo importado.

Mientras tanto, algunos productores acusan a grandes empresas como Minsa de ser “acaparadoras” y de beneficiarse de contratos gubernamentales, como una adjudicación directa por más de 346 millones de pesos, mientras ellos enfrentan precios que no cubren sus costos de producción.