La norma prohíbe explícitamente que este cobro sea trasladado a los repartidores, comercios o consumidores finales.

Sin embargo, la Alianza In, que agrupa a varias de estas empresas, lamentó la decisión, calificándola como un "trato fiscal discriminatorio" y "regresivo". La asociación advirtió que la medida podría tener un impacto negativo en el ecosistema digital, afectando a los repartidores, pequeños negocios y consumidores, y puso en duda el cumplimiento de México con sus compromisos comerciales internacionales, como el T-MEC. La decisión judicial cierra la puerta a litigios similares y consolida un nuevo marco fiscal para la economía digital en la capital del país.