El Gobierno de México, en consenso con los sectores obrero y empresarial, anunció un incremento salarial del 13% a nivel general y del 5% en la Zona Libre de la Frontera Norte para 2026. Esta medida, que entrará en vigor el 1 de enero, busca continuar la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores. A partir de 2026, el salario mínimo general pasará de 278.80 a 315.04 pesos diarios, lo que equivale a un ingreso mensual de 9,582.47 pesos. En la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), el sueldo aumentará de 419.88 a 440.87 pesos diarios, alcanzando los 13,409.80 pesos mensuales. El secretario del Trabajo, Marath Bolaños, destacó que este ajuste permitirá cubrir dos canastas básicas a nivel nacional y 2.8 en la frontera, acercándose a la meta gubernamental de 2.5 canastas para 2030. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la medida no generará presiones inflacionarias, citando consultas con la Secretaría de Hacienda y el Banco de México.
Sin embargo, el anuncio ha generado un debate entre diversos sectores.
Organizaciones como Coparmex, aunque respaldaron el acuerdo tripartito, advirtieron que “no es posible seguir aumentando el salario mínimo indefinidamente” sin arriesgar la viabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs). Analistas de Banamex y otros expertos han expresado preocupaciones similares, señalando que el alza podría presionar los costos laborales, desincentivar la creación de empleos formales y fomentar la informalidad, especialmente en un contexto de crecimiento económico moderado. El presidente de la Canaco en Reynosa, Gildardo López Hinojosa, afirmó que “el salario subirá en papel, pero el bolsillo seguirá igual”, argumentando que el incremento se traducirá en una mayor recaudación fiscal y un alza de precios que absorberá el beneficio. Por tanto, el aumento es visto como un avance en justicia social, pero su éxito dependerá de la capacidad de las empresas para absorber los costos y de la evolución de la inflación.
En resumenEl incremento al salario mínimo para 2026 es una política clave del gobierno para mejorar el poder adquisitivo, lograda por consenso. No obstante, genera inquietud en el sector empresarial por su posible impacto en la inflación, la competitividad de las MiPyMEs y el fomento de la informalidad, configurando un escenario complejo para la economía del próximo año.