La reforma, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum como parte del “Plan México”, modifica 1,463 fracciones arancelarias que impactan a 17 sectores estratégicos, incluyendo automotriz, textil, acero, calzado, plásticos y electrodomésticos.

Según el gobierno, esta política busca proteger a la industria nacional y salvaguardar alrededor de 350,000 empleos que estarían en riesgo para 2026. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, estimó que la medida podría generar una recaudación de hasta 70 mil millones de pesos y que su impacto inflacionario agregado sería mínimo, de aproximadamente 0.2 puntos porcentuales al año. La presidenta Sheinbaum aclaró que la medida “no está dirigida a China”, sino a todas las naciones sin acuerdo comercial, con el fin de “fortalecer las cadenas productivas” internas. Sin embargo, el Ministerio de Comercio de China calificó la acción como “unilateralismo y proteccionismo”, instando a México a “corregir sus prácticas erróneas lo antes posible”. Pekín advirtió que los aranceles “dañarán de manera considerable los intereses de socios comerciales como China” y recordó que mantiene abierta una investigación sobre barreras comerciales contra México desde septiembre. Corea del Sur, otro país afectado, anunció que evaluará el impacto de la medida antes de definir una respuesta. La oposición en México y algunos analistas han expresado preocupación por el posible aumento de precios al consumidor y el riesgo de que la decisión responda a presiones de Estados Unidos en el marco de la próxima revisión del T-MEC.