El gobierno mexicano ha implementado una reforma que impondrá aranceles de entre 5% y 50% a más de 1,400 productos de países sin tratado comercial. Esta medida, que entrará en vigor en 2026, busca proteger la industria nacional y cientos de miles de empleos, aunque genera preocupación por posibles represalias y efectos inflacionarios.<br><br>La nueva política arancelaria, aprobada por el Congreso, modifica la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE) y afecta a 1,463 fracciones arancelarias de sectores estratégicos como el textil, calzado, automotriz, acero, plásticos y electrodomésticos. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, justificó la medida asegurando que protegerá entre 300,000 y 350,000 empleos que estarían en riesgo en 2026 y generará una recaudación estimada de 70 mil millones de pesos. La presidenta Claudia Sheinbaum y Ebrard han insistido en que la acción no está dirigida específicamente contra China, sino que aplica a todos los países sin acuerdos comerciales, en un esfuerzo por equilibrar la competencia ante la sobreproducción mundial que permite a algunas naciones ofrecer precios muy bajos.
Sin embargo, China, Corea del Sur, India y Brasil han expresado su preocupación.
El Ministerio de Comercio chino calificó la decisión como “unilateralismo y proteccionismo”, instando a México a “corregir sus prácticas erróneas lo antes posible”.
Por su parte, Corea del Sur y Brasil evaluarán el impacto en sus exportaciones.
El sector empresarial mexicano ha mostrado un respaldo mayoritario.
Organismos como Concamin, Canacero, AMIA y Canaintex consideran que la reforma es una herramienta necesaria para combatir el comercio desleal, la subvaluación y fortalecer las cadenas productivas nacionales, alineándose con los objetivos del Plan México. No obstante, algunos analistas y empresarios advierten que la sustitución de insumos asiáticos podría tardar hasta una década y que la medida podría generar presiones inflacionarias, con un impacto estimado por la Secretaría de Economía de 0.2 puntos porcentuales al año, y encarecer los costos de producción para industrias dependientes de estos componentes.
En resumenLa nueva política arancelaria de México busca fortalecer la industria local y proteger empleos mediante gravámenes de hasta 50% a importaciones de países sin TLC, principalmente asiáticos. Aunque cuenta con el respaldo de gran parte del sector industrial, genera tensiones diplomáticas y preocupaciones sobre un posible aumento de la inflación y la disrupción de cadenas de suministro.