A partir del 1 de enero de 2026, entrará en vigor un nuevo incremento al salario mínimo en México, que será del 13% para la zona general. Esta medida, acordada por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI), busca continuar con la política de recuperación del poder adquisitivo, aunque genera preocupación en el sector empresarial por el aumento de costos laborales.<br><br>Con este ajuste, el salario mínimo general pasará de 278.80 a 315.04 pesos diarios, lo que equivale a un ingreso mensual aproximado de 9,582 pesos. En la Zona Libre de la Frontera Norte, el aumento será del 5%, alcanzando los 440.87 pesos diarios. Según el economista Heliodoro Gil Corona, esta política salarial beneficia directamente a unos 8.5 millones de trabajadores formales que ganan un salario mínimo, de un total de más de 22 millones registrados en el IMSS, y ha permitido una recuperación del poder adquisitivo del 154% en términos reales desde 2018. El diputado César Arturo Lara Rocha destacó que el incremento fue superior al 12% esperado y que la experiencia de los últimos siete años demuestra que estos aumentos no han detonado una inflación descontrolada.
Sin embargo, el sector empresarial, especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), advierte sobre el impacto acumulado.
La presidenta de COPARMEX Nayarit, Liliana Hernández, señaló que el alza obligará a una “cascada de revisión de sueldos” para mantener el equilibrio interno. Por su parte, la CANIRAC y el CCE de Morelos alertaron que este incremento, sumado a otras obligaciones como la reducción de la jornada laboral y el alza de impuestos, podría complicar la operación de muchos negocios, con riesgos de aumentos de precios y migración a la informalidad. Los empleadores que no apliquen el aumento enfrentarán multas de hasta 565,700 pesos.
En resumenEl incremento del 13% al salario mínimo en 2026 beneficiará a millones de trabajadores y continuará la recuperación de su poder de compra. No obstante, las MiPyMEs y otros sectores empresariales advierten sobre una presión financiera significativa debido al aumento de los costos laborales, lo que podría generar ajustes en precios o en la contratación formal.