La medida, que entrará en vigor en 2026, busca proteger a la industria nacional y salvaguardar alrededor de 350,000 empleos en sectores estratégicos. La nueva política arancelaria, impulsada por la Secretaría de Economía y avalada por el Congreso, contempla ajustes a más de 1,400 fracciones arancelarias. El sector automotriz será uno de los más impactados, con aranceles de hasta 50% para autos y autopartes, mientras que otros productos como textiles, calzado, acero y plásticos enfrentarán tasas de hasta 35%. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que el objetivo es “cuidar 350 mil empleos” y fomentar la producción nacional bajo el lema “si quieres vender en México, produce aquí”. Según el gobierno, esta medida generará ingresos fiscales adicionales por hasta 3,760 millones de dólares en 2026 y tendrá un impacto inflacionario mínimo, estimado en 0.2 puntos porcentuales.

La decisión ha sido interpretada por analistas como un alineamiento con las políticas comerciales de Estados Unidos de cara a la revisión del T-MEC, buscando frenar el “dumping chino”. Peter Navarro, asesor del presidente Trump, calificó la medida como un “hito importante” que demuestra que México no será “la puerta de entrada” para la maquinaria exportadora de Pekín. Sin embargo, la medida ha generado reacciones adversas; el Ministerio de Comercio de China advirtió que podría “socavar sustancialmente los intereses comerciales”, calificándola como una práctica proteccionista.