La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la suspensión del cobro, argumentando la inviabilidad técnica y la dificultad para establecer criterios claros que definan qué títulos deben ser gravados.

La medida, aprobada por el Senado como parte del Paquete Económico 2026, buscaba desincentivar el consumo de contenidos violentos y generar una recaudación estimada en 183 millones de pesos. Sin embargo, la iniciativa generó críticas por la falta de una definición precisa de “videojuego violento” y por la complejidad de su aplicación en plataformas digitales y servicios de suscripción.

“Es muy difícil distinguir entre un videojuego que tiene violencia y uno que no.

Entonces, ¿quién va a determinar esa circunstancia?”, cuestionó la presidenta.

En lugar del gravamen, el gobierno impulsará campañas de comunicación dirigidas a jóvenes y adolescentes para promover la construcción de la paz y el uso responsable de estos contenidos, en una estrategia similar a las implementadas contra el consumo de drogas. La industria de videojuegos en México, que genera más de 2,300 millones de dólares anuales y cuenta con más de 76 millones de jugadores, había advertido que el impuesto estigmatizaba a la comunidad gamer y carecía de sustento técnico, además de poner en riesgo la viabilidad de los estudios de desarrollo nacionales.