La medida fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y aplica tanto a la venta de videojuegos en formato físico como a los servicios digitales que permiten su acceso o descarga.

El decreto establece que el estímulo será acreditable contra el IEPS siempre y cuando el gravamen no se traslade al comprador final. Esta decisión llega después de que el Congreso aprobara en noviembre el cobro del impuesto, con el que se esperaba recaudar 183 millones de pesos.

La propia presidenta Claudia Sheinbaum había manifestado su desacuerdo con el gravamen, argumentando la dificultad para aplicarlo.

En una conferencia, indicó: “Pedí que se quitara el impuesto sobre videojuegos y al final no se quitó de la Ley de Ingresos, pero tomamos la decisión de que no se cobre, porque es muy difícil distinguir entre un videojuego que tiene violencia y uno que no”. El gobierno consideró que el impuesto no era la vía adecuada para atender los riesgos asociados al consumo de videojuegos, como la adicción o la promoción de la violencia, y optó por impulsar campañas preventivas. Con el decreto, el Ejecutivo evita una reforma legislativa y anula en la práctica el impacto del nuevo gravamen.