Según la abogada Karla Martínez Santistevan, el 2026 servirá como un “periodo de transición” para que las empresas ajusten sus procesos y evalúen esquemas de productividad. Aunque la reforma busca mejorar la calidad de vida de los empleados, ha generado preocupación en el sector empresarial por el posible aumento en los costos laborales. La Asociación de Empresarios y Ciudadanos de México (ASECEM) estima que, para industrias que operan tres turnos, el costo podría incrementarse en un 26% por cada salario. Este escenario, advierten, podría incentivar la informalidad si no se acompaña de ajustes fiscales. La propuesta también flexibiliza el tope de horas extras, permitiendo hasta 12 a la semana para 2030, como una forma de facilitar una transición ordenada para las empresas.