Una devastadora explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, dejó un saldo final de cuatro personas fallecidas y 90 heridas, desatando una masiva respuesta de emergencia. El incidente ha puesto de relieve los riesgos del transporte de materiales peligrosos en zonas densamente pobladas de la Ciudad de México. El siniestro ocurrió la tarde del 10 de septiembre, cuando una pipa de la empresa Silza, filial de Grupo Tomza, que transportaba 49,500 litros de gas LP, volcó y explotó, generando una onda expansiva que afectó a 32 vehículos. La cifra de víctimas fue actualizándose a lo largo del día, pasando de reportes iniciales sin fallecidos a confirmar cuatro decesos horas más tarde. Entre los heridos se encontraban menores de edad, incluyendo un bebé de seis meses y una joven embarazada.
La respuesta fue coordinada por autoridades capitalinas, encabezadas por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y contó con el apoyo de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y el Ejército, que activó el Plan DN-III-E. La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su solidaridad y garantizó el apoyo del gobierno federal.
Un aspecto crítico del suceso fue revelado por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), que informó que la empresa Transportadora Silza no contaba con una póliza de seguro vigente, pues había vencido en junio de 2025. En medio de la tragedia, surgieron historias de heroísmo, como la de Alicia Matías Teodoro, una abuela que protegió con su cuerpo a su nieta de dos años, sufriendo quemaduras en el 98% de su cuerpo.
En resumenLa explosión en Iztapalapa constituyó una de las tragedias más graves del año en la Ciudad de México, evidenciando fallas regulatorias críticas, como la operación de transportes de alto riesgo sin seguros vigentes. La respuesta coordinada de las autoridades y los actos de solidaridad ciudadana destacaron en medio del caos, mientras la investigación busca deslindar responsabilidades.