La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) informó inicialmente que Transportadora Silza no contaba con seguros de responsabilidad civil registrados y vigentes ante la autoridad federal. Aunque la empresa emitió un comunicado asegurando que sí tenía tres pólizas activas con Chubb, Quálitas y AXA, y que asumiría su responsabilidad, la discrepancia generó dudas sobre el cumplimiento de la normativa. La fiscal capitalina, Bertha Alcalde, confirmó que la empresa estaba bajo investigación, al igual que el conductor.

El historial de Grupo Tomza, un emporio fundado por la familia Zaragoza, incluye múltiples accidentes y sanciones. En 2022, la extinta Cofece multó al grupo con más de 2,400 millones de pesos por prácticas monopólicas.

Además, se han registrado explosiones y percances con sus unidades en estados como Tijuana, Sinaloa, Puebla y Quintana Roo.

Un artículo señaló que la empresa tuvo otra explosión en Tijuana en 2023 que dejó cuatro muertos.

El permiso de transporte de gas LP de Silza, otorgado en 2006 con una vigencia de 30 años, le obliga a mantener siempre vigente un seguro por daños a terceros, una condición que, de no cumplirse, podría llevar a la revocación de su autorización. La tragedia ha puesto de relieve no solo las posibles fallas operativas que llevaron al accidente, sino también las responsabilidades corporativas y la eficacia de la supervisión regulatoria sobre las empresas que manejan materiales de alto riesgo en México.