El caso generó una fuerte indignación a nivel nacional.

Inicialmente, en noviembre de 2023, la agresora había sido sentenciada a tres años de internamiento por homicidio calificado. Sin embargo, su defensa promovió un juicio de garantías que resultó en la reposición del proceso legal. En la nueva audiencia de individualización de sanción, celebrada el 11 de septiembre de 2025, un juez reclasificó el delito a homicidio en riña y dictó una nueva sentencia de dos años y tres meses de internamiento, además de una reparación del daño moral y material por 233,415 pesos. Debido a que la adolescente ya había permanecido dos años, cinco meses y 25 días en el Centro de Internamiento, la autoridad judicial determinó su externamiento inmediato al considerar la sentencia cumplida, a fin de "no generar violaciones irreparables". La ley establece que, por su grupo etario al momento del delito, la sanción máxima que podía recibir era de tres años de internamiento.