Los representantes legales de las familias han adoptado estrategias distintas. La defensa de la familia de Berenice Giles solicitó una audiencia de omisiones, programada para el 29 de septiembre, con el objetivo de imputar directamente a las empresas Ocesa y Seguridad Privada Lobos, al considerar que tienen responsabilidad en el suceso. En contraste, el abogado de la familia de Miguel Hernández, Edwin Piñón, expresó que, tras analizar la información disponible, no se deriva que haya alguna responsabilidad por parte de Ocesa. Esta divergencia en las posturas legales evidencia la complejidad del caso y la dificultad para establecer las responsabilidades en la cadena de organización y seguridad del festival. Mientras tanto, los familiares de las víctimas se manifestaron en busca de justicia, protestando por la impunidad que perciben en el caso.