La tragedia ocurrida por la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa ha dejado un saldo de 29 personas fallecidas, convirtiéndose en uno de los accidentes más graves de los últimos años en la Ciudad de México. Las víctimas incluyen estudiantes, maestros y trabajadores que transitaban por el distribuidor vial de La Concordia el pasado 10 de septiembre. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmó que, además de los 29 decesos, 16 personas continúan hospitalizadas, algunas en estado grave, mientras que 39 ya han sido dadas de alta. Entre las víctimas mortales se encuentran miembros de la comunidad del Instituto Politécnico Nacional (IPN), como los estudiantes del CECyT 7 Alí Yael González, Giovani Martínez y Juan Carlos Sánchez, así como el profesor de artes Jorge Islas Flores. También falleció Ana Daniela Barragán, estudiante de la FES Cuautitlán de la UNAM, y el profesor de secundaria Eduardo Noé García.
La presidenta Claudia Sheinbaum calificó la atención del gobierno capitalino a las víctimas como “extraordinaria”, asegurando que se ha brindado apoyo económico y acompañamiento a cada familia afectada.
Por su parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la creación de una Comisión de Solidaridad para atender a los deudos y heridos. A raíz del siniestro, la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, adelantó que se presentará un nuevo protocolo para el transporte de sustancias peligrosas, el cual incluirá “rutas, horarios, límites de velocidad, protocolo, calificación de choferes”.
En resumenLa explosión de la pipa en Iztapalapa ha dejado una profunda herida en la capital, con 29 fallecidos y decenas de heridos, afectando gravemente a comunidades educativas como las del IPN y la UNAM. Mientras las autoridades capitalinas aseguran brindar apoyo integral a las víctimas, la tragedia ha impulsado la creación de un nuevo protocolo más estricto para el transporte de materiales peligrosos con el fin de evitar que un suceso similar se repita.