El suceso provocó una respuesta inmediata de la comunidad estudiantil, que organizó marchas y un bloqueo en la Avenida Insurgentes Sur, culminando en la Rectoría con la entrega de pliegos petitorios por parte de estudiantes y padres de familia. Las demandas incluyen un plan integral de seguridad con acceso controlado, detectores de metales, cámaras funcionales, así como programas de apoyo psicológico. En respuesta, el rector Leonardo Lomelí declaró que "la UNAM está de luto" y ordenó una revisión urgente de los protocolos de seguridad.

Las investigaciones también exploran el entorno del agresor, quien habría publicado mensajes amenazantes en redes sociales, algunos vinculados a la subcultura misógina "incel".