La tragedia ocurrida en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, continúa cobrando vidas, con la cifra oficial de fallecidos ascendiendo a 30 personas. Mientras 15 heridos permanecen hospitalizados, surgen denuncias de familiares sobre presiones y cobros indebidos por parte de abogados presuntamente enviados por el gobierno de la CDMX. La explosión de una pipa de gas de la empresa Transportadora Silza el pasado 10 de septiembre ha dejado una profunda secuela en la comunidad. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmó que la cifra de decesos se mantiene en 30, con 15 personas aún hospitalizadas y 39 dadas de alta. La investigación inicial apunta a que el exceso de velocidad y la falta de pericia del conductor provocaron el accidente. En medio del duelo, la tragedia ha generado controversias.
Familiares de las víctimas denunciaron ante medios como N+ que abogados enviados por el gobierno capitalino les estarían exigiendo una “comisión” del 20% sobre las indemnizaciones que otorgue la empresa responsable.
Además, algunos testimonios señalan presiones para no hablar con la prensa. En un giro emotivo, la historia de “Cereza”, una perrita rescatada del siniestro mientras estaba preñada, ha conmovido a la opinión pública; la fundación “Huellitas Amor sin Fronteras” informó que, aunque la mayoría de sus cachorros no sobrevivieron, uno de ellos, apodado “Cerecito”, lucha por su vida junto a su madre.
En resumenEl saldo mortal de la explosión en Iztapalapa, que ya alcanza las 30 víctimas, se ve agravado por denuncias de presunta corrupción en el apoyo legal a los deudos. Mientras las autoridades gestionan la crisis médica, las acusaciones sobre cobro de comisiones y presiones a las familias ponen en entredicho la integridad del sistema de atención a víctimas, exigiendo una respuesta clara y transparente.