Sin embargo, el gesto fue contundentemente rechazado por sobrevivientes y familiares, quienes lo calificaron como un acto forzado y tardío que no repara el daño ni garantiza justicia. El evento, realizado en el Museo de la Ciudad de México, fue un requisito impuesto por un juez para la suspensión temporal del proceso penal contra Garduño por ejercicio ilícito del servicio público. Durante su intervención, el exfuncionario admitió que el suceso fue "inadmisible" e "inaceptable", reconociendo que "existieron violaciones de derechos humanos de las víctimas". Leyó los nombres de los 40 fallecidos y de los sobrevivientes, ofreciendo "con humildad una profunda disculpa por el sufrimiento y daño causado". Sin embargo, la reacción de los afectados fue de indignación y escepticismo. Claudia Aracely Varela, hermana de una de las víctimas, expresó el sentir general: "No podemos aceptar esta disculpa pública obligada por una orden judicial y donde no se conoce a los culpables". Por su parte, el sobreviviente venezolano Estefan Arango, aunque afirmó perdonar a Garduño, señaló directamente la negligencia: "tenía el control en sus manos, no se aplicaron los protocolos de seguridad". La protesta de los familiares no se limitó a la capital; en Ciudad Juárez, activistas se manifestaron afuera de la estación migratoria, calificando la disculpa como un acto que no representa arrepentimiento real y exigiendo que no se interprete como una exoneración de responsabilidades.