El caso ha provocado una fuerte reacción social; familiares y colectivos, encabezados por el padre de la menor, Carlos Arellano, realizaron una marcha en Durango para exigir justicia. Durante la movilización, Arellano expresó su dolor y demandó que los responsables, incluyendo al cirujano, reciban una pena severa y no salgan de prisión. La abuela de la joven, Hilda Margarita Aragón, también pidió que el caso no quede impune, afirmando que “no sólo acabaron con la vida de mi nieta, sino que también distorsionaron la vida de mi hijo y de la familia”. Este suceso es citado como un ejemplo alarmante de los riesgos de las cirugías estéticas fallidas y ha abierto un debate sobre la necesidad de una legislación más estricta, proponiéndose una “Ley Nicole”.