La muerte de Paloma Nicole Arellano Escobedo, una adolescente de 14 años en Durango, tras someterse a una cirugía estética, ha destapado una red de irregularidades médicas y legales que involucran a su propia familia. El caso ha generado un debate nacional sobre los procedimientos estéticos en menores de edad y la usurpación de profesiones médicas. Paloma Nicole falleció el 20 de septiembre por complicaciones derivadas de una cirugía de implantes mamarios realizada el 12 de septiembre en una clínica privada. La investigación de la Fiscalía de Durango reveló que la operación fue planeada por la madre de la menor y su padrastro, Víctor N. La madre habría engañado al padre biológico, Carlos Arellano, informándole que su hija estaba aislada en la sierra por un supuesto contagio de COVID-19. El padrastro, por su parte, es señalado de haber firmado documentos médicos haciéndose pasar por doctor y tutor de la joven, y se le acusa de haber realizado otros procedimientos sin la acreditación profesional necesaria.
Tras la cirugía, la adolescente sufrió un paro cardiorrespiratorio e inflamación cerebral, permaneciendo en coma inducido hasta su deceso. El padre descubrió la verdad en el velorio al notar que su hija portaba un corpiño quirúrgico, lo que lo llevó a presentar una denuncia formal.
La madre y el padrastro fueron detenidos el 27 de septiembre y enfrentan cargos por omisión de cuidados, falsificación de documentos y usurpación de funciones.
La fiscalía evalúa reclasificar el caso como homicidio. El caso ha provocado la suspensión provisional de Víctor N. por parte de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (AMCPER) y ha impulsado una iniciativa de ley en Durango para prohibir cirugías estéticas en menores, salvo en casos reconstructivos.
En resumenEl trágico fallecimiento de Paloma Nicole ha expuesto los peligros de las cirugías estéticas en menores y la falta de regulación. La presunta implicación de su madre y padrastro en un engaño y en la usurpación de funciones médicas agrava el caso, que ahora impulsa cambios legislativos y pone en el centro del debate la responsabilidad ética y legal en procedimientos médicos de alto riesgo.