Las negociaciones entre autoridades y la empresa responsable continúan, mientras los deudos rechazan una indemnización estandarizada y exigen responsabilidades penales.

La tragedia del 10 de septiembre, que también dejó 44 heridos, sigue bajo investigación por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México. Los dictámenes periciales concluyeron que el conductor de la pipa, quien también falleció, conducía a exceso de velocidad y “sin la suficiente capacidad técnica”, descartando fallas mecánicas en la unidad. A un mes del suceso, las autoridades capitalinas y la empresa propietaria de la pipa analizan homologar la indemnización para las familias de las víctimas mortales en una cifra cercana a los dos millones de pesos, monto que sería independiente de los apoyos otorgados por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI). Sin embargo, algunos familiares han expresado su rechazo a esta propuesta, manifestando que ninguna cantidad de dinero puede compensar la pérdida de sus seres queridos.

Un deudo declaró a la prensa: “No queremos dinero, la quiero a ella.

Y no pueden ponernos precio a nuestras vidas y ya.

Sin que haya personas responsables en la cárcel”.

Esta postura refleja una demanda de justicia que trasciende lo económico y exige que se finquen responsabilidades penales. En el lugar del siniestro, la comunidad mantiene viva la memoria de las víctimas con flores, veladoras y un mural en honor a una de ellas, evidenciando que la herida social sigue abierta.