La devastación ha afectado a más de 100,000 viviendas y ha dejado a cientos de comunidades incomunicadas. El desastre, que impactó principalmente a Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, ha movilizado una respuesta coordinada de los tres niveles de gobierno.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha recorrido las zonas afectadas, asegurando que “hay suficientes recursos, en eso no se va a escatimar”.

Informó que se dispone de una partida de 19 mil millones de pesos para emergencias. Sin embargo, la mandataria reconoció que no existían indicadores para prever la magnitud del evento, declarando que “no había ninguna condición científica, meteorológica, que pudiera indicarnos que la lluvia iba a ser de esta magnitud”. La Secretaría de Marina atribuyó el fenómeno a la confluencia de múltiples sistemas meteorológicos sobre un territorio ya saturado por la temporada de lluvias. La tragedia ha reavivado el debate sobre la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) en 2020.

Críticos, como el senador Manuel Añorve, señalan que su eliminación fue un “grave error” que ha dejado al país sin un mecanismo ágil para responder a emergencias. El gobierno federal defiende el nuevo esquema de partidas presupuestales directas, argumentando que evita la burocracia y corrupción asociadas al antiguo fideicomiso.

Mientras tanto, más de 10,000 elementos del Ejército y la Marina aplican los planes DN-III-E y Plan Marina, realizando rescates, distribuyendo ayuda humanitaria y trabajando en la rehabilitación de más de 132 tramos carreteros afectados. La Secretaría de Bienestar ha desplegado 3,000 servidores públicos para realizar un censo casa por casa y canalizar los apoyos directamente a las familias damnificadas.