Asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero en Michoacán
El asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, ha puesto de relieve la grave amenaza que representa la extorsión del crimen organizado para el sector agrícola en México. Su muerte es vista como una represalia directa por su liderazgo en la resistencia de los productores contra las cuotas impuestas por grupos delictivos. El homicidio de Bravo, ocurrido el 19 de octubre, es el clímax de una larga lucha de los productores de limón en la región de Tierra Caliente, Michoacán, contra la extorsión. Grupos como Los Viagras y su brazo armado, Los Blancos de Troya, exigían pagos por cada kilo de limón cortado y comercializado. La negativa de los agricultores a ceder a estas presiones, liderada por Bravo, habría sido el detonante del crimen. Según las investigaciones, el líder fue interceptado, torturado y asesinado por orden de cabecillas criminales. Este acto ha generado un clima de miedo e incertidumbre entre los limoneros, quienes retomaron sus actividades sin un líder visible y con el temor de ser los siguientes objetivos. La respuesta de las autoridades ha sido contundente en términos de arrestos; el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó durante su comparecencia en el Senado la detención de un segundo implicado, Rigoberto “N” alias “El Pantano”, y se comprometió a “incrementar las operaciones hasta detener a todos los responsables”. El caso también ha tenido eco en el ámbito legislativo, donde diputados de diversas facciones políticas han exigido justicia y un alto a la violencia que asola la región. El asesinato de Bravo no solo es una tragedia personal, sino que se ha convertido en un símbolo de la vulnerabilidad de los sectores productivos frente a un crimen organizado que busca controlar cadenas de suministro enteras, afectando la economía local y la seguridad alimentaria.



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