El asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, ha puesto de manifiesto la grave crisis de extorsión que enfrenta el sector agrícola en Michoacán. Su muerte, ocurrida tras denunciar públicamente las amenazas del crimen organizado, subraya la vulnerabilidad de los productores y la aparente incapacidad del Estado para protegerlos. El cuerpo de Bravo Manríquez fue encontrado con huellas de violencia y un disparo en la cabeza dentro de su vehículo el lunes 20 de octubre, después de haber denunciado en repetidas ocasiones las cuotas ilegales impuestas por cárteles como Los Viagras y Los Blancos de Troya. Estas organizaciones criminales, según estimaciones de los propios citricultores, extraen anualmente más de 3,200 millones de pesos del sector limonero en la región de Tierra Caliente. El homicidio es ampliamente visto como un símbolo de la impunidad con la que operan estos grupos, que controlan precios y deciden quién vive o muere.
Bernardo Bravo era conocido por encabezar manifestaciones y exigir al gobierno acciones concretas contra el "coyotaje" ligado al narco.
Su muerte ha generado una fuerte reacción, incluyendo la convocatoria a una marcha por parte de su familia para exigir justicia.
En respuesta, las fuerzas federales y estatales han realizado operativos que resultaron en la detención de presuntos operadores financieros y de comunicaciones de los grupos criminales implicados, como Héctor Peña y María de Jesús García García, ligados a los líderes conocidos como "Jandos" y "El Botox". A pesar de estos arrestos, persiste un clima de temor e incertidumbre entre los productores, quienes se ven obligados a elegir entre pagar las extorsiones o arriesgar sus vidas, como trágicamente le sucedió a su líder.
En resumenEl homicidio de Bernardo Bravo, un líder que se atrevió a denunciar la extorsión del crimen organizado, evidencia la profunda crisis de seguridad en el sector agrícola de Michoacán. Aunque se han realizado detenciones, el caso subraya la magnitud del control criminal y el clima de impunidad que prevalece en la región.