El desglose de las víctimas mortales indica que Veracruz es el estado más afectado con 35 decesos, seguido por Hidalgo y Puebla con 22 cada uno, y Querétaro con una persona fallecida.

Entre las víctimas se encuentran las maestras María Guadalupe Hernández y su hija Alison, así como Anselma Ramírez Hernández y su madre Lucinda Domínguez Hernández, quienes perdieron la vida en Chahuatlán, municipio de Ilamatlán, Veracruz.

Esta tragedia ha puesto de manifiesto una realidad ignorada por décadas: la pobreza extrema y el rezago social en estas comunidades. En Ilamatlán, por ejemplo, el 94.93% de la población vive en condiciones de pobreza, con un 89.5% sin acceso a servicios básicos en sus viviendas. La falta de infraestructura adecuada, como drenaje y agua potable, significó que estas localidades ya se encontraban en un estado de colapso latente, esperando únicamente el embate de la naturaleza para desvelar la magnitud de la crisis. Las lluvias no solo arrebataron vidas, sino que también destruyeron lo poco que tenían miles de familias, dejando a comunidades enteras sepultadas bajo el lodo y revirtiendo los escasos avances en la lucha contra la pobreza de los últimos años. La respuesta de las autoridades es ahora crucial, no solo para la reconstrucción, sino para abordar las causas estructurales que permitieron que una tormenta se convirtiera en una masacre social.