El fallecimiento de Rodrigo Mondragón, aficionado del Cruz Azul, tras ser sometido por personal de seguridad en el Estadio Olímpico Universitario, ha generado una fuerte reacción pública y judicial. El caso pone en tela de juicio los protocolos de seguridad en eventos masivos y la actuación de las autoridades universitarias. La noche del 25 de octubre, después de un partido entre Cruz Azul y Monterrey, Rodrigo Mondragón, de 32 años, fue detenido por alterar el orden público. Sin embargo, el incidente escaló hasta su fallecimiento, que la necropsia oficial determinó fue por “asfixia por estrangulamiento”. La familia de la víctima denunció que fue golpeado, y su hermano, Pedro Mondragón, declaró a medios: “Lo golpearon y supongo que le pusieron el pie o la mano en el cuello y lo estrangularon”. En contraste, la UNAM inicialmente comunicó que el aficionado “se desvaneció” durante su traslado.
Tras los hechos, cuatro miembros del personal de seguridad de la UNAM, identificados como Isaac Brian ‘N’, Noé ‘N’, Luis Alberto ‘N’ y José Rodrigo ‘N’, fueron detenidos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Un juez de control dictó prisión preventiva en su contra y los imputó por el delito de homicidio calificado. La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que su situación jurídica se definirá en los próximos días.
El suceso ha provocado que la seguridad en Ciudad Universitaria opere con un “bajo perfil” y ha desatado una ola de indignación, con protestas de aficionados y un llamado generalizado a esclarecer los hechos y garantizar justicia. La UNAM ha asegurado su total cooperación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, entregando la totalidad de la información videográfica solicitada para la investigación.
En resumenLa muerte de Rodrigo Mondragón ha resultado en la detención y procesamiento legal de cuatro guardias de seguridad de la UNAM por homicidio calificado. El caso, que reveló la causa de muerte como estrangulamiento, ha puesto de manifiesto graves fallas en los protocolos de seguridad en eventos deportivos y ha impulsado un debate sobre la rendición de cuentas y el uso de la fuerza por parte de personal de seguridad privada.