Los crímenes, ocurridos principalmente entre 2024 y 2025, se concentran en puntos estratégicos para el comercio y el contrabando, como Manzanillo, Colima, y los puertos de Tamaulipas.

Los informes detallan al menos diez homicidios de funcionarios y personas relacionadas con las operaciones aduaneras. Entre las víctimas se encuentran Sergio Emmanuel Martínez Covarrubias, subadministrador de aduanas en Manzanillo; Carlos Narváez Romero, director de Procedimientos Aduanales de la ANAM, asesinado en la Ciudad de México; y el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, exdirector de Recaudación de Aduanas, victimado también en Manzanillo. La lista también incluye a marinos del Batallón de Infantería, un delegado de la FGR en Tamaulipas y agentes aduanales.

Algunas muertes, como las de los capitanes Adrián Omar del Ángel Zúñiga y Abraham Jeremías Pérez Ramírez, fueron reportadas oficialmente como accidente y suicidio, respectivamente, aunque existen serias dudas sobre estas versiones.

Especialistas en seguridad afirman que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha consolidado su control en los puertos de Manzanillo, Altamira y Tampico, convirtiéndolos en centros clave para sus operaciones. Estas redes criminales operan en asociación con marinos, funcionarios públicos y agentes aduaneros para facilitar el contrabando, especialmente el conocido como “huachicol fiscal”.

La violencia sistemática contra quienes trabajan en estos puntos críticos refleja una lucha por el control de las rutas y la eliminación de obstáculos, en un contexto de impunidad casi total, donde se estima que el 98% de los delitos en México quedan sin resolver.