El caso se entrelaza con el de familias como la de Apolinar Alfonso Urrutia, quienes pagaron por servicios de cremación que nunca se realizaron y ahora viven con la incertidumbre sobre el paradero real del cuerpo de su ser querido. La muerte de Teófilo, antes de poder ofrecer una declaración completa, alimenta las sospechas de impunidad y deja a las familias de las víctimas sin respuestas, cuestionando la capacidad del sistema de justicia para proteger a testigos clave y llegar al fondo de una trama de negligencia y fraude a gran escala.