El asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, ha conmocionado a Michoacán y al país, evidenciando la crisis de seguridad y la vulnerabilidad de los funcionarios públicos. La identificación de su agresor, un menor de 17 años, ha intensificado el debate sobre el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado. El homicidio ocurrió el 1 de noviembre en la plaza principal de Uruapan, en medio de las festividades del Día de Muertos, cuando un joven se acercó y le disparó en al menos seis ocasiones. El agresor fue abatido en el lugar por el equipo de seguridad del alcalde. La Fiscalía General del Estado (FGE), encabezada por Carlos Torres Piña, confirmó que el autor material fue Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, originario de Paracho, quien dio positivo en consumo de metanfetaminas y marihuana. Las investigaciones apuntan a que en el crimen “participaron más de dos personas” y que está “relacionado con grupos de la delincuencia organizada”, específicamente con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según declaraciones del fiscal. El arma utilizada está vinculada a otros dos homicidios en Uruapan. El suceso desató una enérgica respuesta ciudadana, con marchas silenciosas en Morelia y Uruapan para exigir justicia.
Diversos sectores, incluyendo la Asociación de Productores y Empacadores de Aguacate de México (APEAM), convocaron a un paro de actividades.
Columnistas como Yuriria Sierra analizaron el hecho como un mensaje político para otros alcaldes: “Si un alcalde que pidió ayuda contra el crimen es asesinado en una plaza abarrotada y el autor material es un adolescente, todos los alcaldes del país reciben la orden tácita: ‘No te metas’”. Como consecuencia, se desplegó un fuerte operativo con cerca de 400 elementos del Ejército y la Guardia Nacional para “blindar Uruapan”, mientras Grecia Quiroz García, viuda de Manzo, rindió protesta como alcaldesa sustituta, con un robusto esquema de seguridad.
En resumenEl asesinato del alcalde Carlos Manzo a manos de un sicario adolescente ha puesto de manifiesto la grave crisis de seguridad en Michoacán, el alarmante reclutamiento de menores por cárteles y el riesgo extremo que enfrentan los funcionarios que se oponen al crimen. La contundente respuesta social con protestas masivas y la subsecuente militarización de Uruapan subrayan el profundo impacto del suceso en la gobernabilidad y el tejido social de la región.
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