Su cuerpo fue encontrado al día siguiente dentro de su propio vehículo en el tramo carretero Camino a Tepetates.

La FGE reveló que, días antes del crimen, el 6 de octubre, la víctima ya había sido privada de la libertad y liberada un día después tras recibir amenazas. El asesinato de Bravo, quien había denunciado públicamente las extorsiones del crimen organizado, es visto como un ejemplo de la “colonización de la economía por el crimen organizado y transnacional”, según el columnista Jorge Camargo. Su muerte, junto a la del alcalde Carlos Manzo, ha sido un catalizador de la indignación social en Michoacán, evidenciando el peligro que enfrentan quienes desafían el poder de los cárteles en la región.