El asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, ha provocado una profunda indignación a nivel nacional, generando masivas protestas ciudadanas y una respuesta inmediata del gobierno federal. Este suceso pone de relieve la grave crisis de seguridad en la región y la vulnerabilidad de los funcionarios públicos que confrontan al crimen organizado. El homicidio ocurrió el 1 de noviembre durante un evento público, cuando un joven de 17 años, identificado posteriormente como Víctor Manuel Ubaldo Vidales, le disparó. El agresor, quien fue abatido en el lugar, tenía problemas de adicción y, según la Fiscalía General del Estado (FGE), estaba vinculado a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El suceso catalizó el descontento social acumulado por la violencia en Michoacán, dando lugar a una serie de movilizaciones sin precedentes. En Uruapan, se convocó a la “Marcha por la Paz y la Justicia”, que reunió a más de 50,000 personas y provocó un paro de actividades en comercios, escuelas y transporte.
Los manifestantes, muchos portando el sombrero característico del “Movimiento del Sombrero” fundado por Manzo, exigieron justicia y la renuncia del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
La indignación se extendió con convocatorias a una protesta nacional para el 15 de noviembre en al menos 35 ciudades. Como medida de control de daños, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó el crimen, se reunió con la viuda de Manzo, Grecia Quiroz —quien fue nombrada alcaldesa sustituta de forma inmediata—, y anunció un nuevo “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”. Además, se reforzó la seguridad en la región con la visita del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. El legado de Manzo, conocido por su valentía al enfrentar al crimen sin escoltas, ha avivado el debate sobre la estrategia de seguridad del país y el reclutamiento de menores por parte de grupos delictivos.
En resumenEl asesinato de Carlos Manzo ha expuesto la grave situación de inseguridad en Michoacán, provocando una masiva respuesta ciudadana que exige justicia y un cambio en la estrategia gubernamental. La muerte del edil y la identidad de su joven asesino han intensificado el debate nacional sobre la violencia, la respuesta del Estado y el reclutamiento de menores por el crimen organizado.