El asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, ha desatado una crisis de seguridad en Michoacán y una contundente respuesta del gobierno federal. La investigación sobre su muerte y el posterior abatimiento de su presunto agresor han revelado complejidades y posibles fallas en los protocolos de seguridad. El 1 de noviembre, durante las festividades del Día de Muertos, el alcalde independiente Carlos Manzo fue asesinado a balazos en un evento público frente a cientos de personas. A pesar de contar con un esquema de seguridad de ocho escoltas personales y 14 elementos de la Guardia Nacional, un joven de 17 años, identificado como Víctor Manuel Ubaldo Vidales, logró acercarse y dispararle. El presunto agresor, quien según la fiscalía se encontraba bajo los efectos de drogas sintéticas, fue detenido momentos después, pero murió a causa de un disparo durante un supuesto forcejeo con los agentes. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla confirmó que se investiga por qué el joven fue abatido cuando ya se encontraba bajo custodia, lo que ha generado cuestionamientos sobre un posible uso excesivo de la fuerza.
La escolta del alcalde también está bajo investigación para determinar si hubo una flexibilización de su círculo de seguridad.
El crimen ha sido vinculado por las autoridades a disputas entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Caballeros Templarios. Como respuesta, el gobierno federal lanzó el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, que incluye el despliegue de más de 10,500 elementos federales y una inversión de 57 mil millones de pesos. La viuda de Manzo, Grecia Quiroz, quien asumió la alcaldía, ha recibido presuntas amenazas.
El suceso ha provocado una ola de indignación y se ha convocado a una marcha nacional en memoria del alcalde.
En resumenEl asesinato de Carlos Manzo no solo representa la pérdida de un líder local, sino que también expone las profundas fallas en la seguridad y la justicia en Michoacán. La muerte de su joven agresor en custodia añade una capa de controversia, mientras la respuesta federal con el 'Plan Michoacán' busca restaurar el orden en una región marcada por la violencia del crimen organizado.
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