El escándalo ha derivado en 95 denuncias por fraude y ha generado una profunda desconfianza entre las familias afectadas, quienes acusan a las autoridades de intentar proteger a las funerarias involucradas. El trabajo ininterrumpido de la FGE ha permitido notificar a 132 de las 137 familias identificadas, con las cinco restantes por ser contactadas en las próximas horas. La respuesta legal de los afectados ha sido contundente, acumulando 95 denuncias formales por el delito de fraude en la Fiscalía de Distrito Zona Norte. Sin embargo, la relación entre los deudos y las autoridades se ha tornado tensa.

El colectivo "Justicia para Nuestros Deudos" denunció públicamente que, durante una reunión, representantes de la FGE intentaron deslindar de responsabilidad a las funerarias, presentándolas como "víctimas" del crematorio. La vocera del movimiento, Dora Elena Delgado Barraza, rechazó esta versión, afirmando que contradice los protocolos, ya que eran las funerarias las que trasladaban los cuerpos. “Las únicas víctimas son las familias.

Nosotros contratamos servicios sin saber que serían subrogados a un crematorio”, enfatizó.

La indignación creció cuando, según Delgado Barraza, los ministerios públicos intentaron culpar a Facundo, un empleado del crematorio recientemente fallecido en el Cereso 3, como único responsable.

“Es muy cómodo intentar culpar a alguien que ya murió”, declaró la activista.

Las protestas se han materializado frente a negocios vinculados, como la funeraria Del Carmen, donde los manifestantes exigieron justicia por los 386 cuerpos encontrados en Plenitud y los cuatro hallados en predios de dicha empresa.