El asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán, ha conmocionado al país, desatando una investigación que revela profundas complejidades y presunta corrupción en las fuerzas de seguridad locales. Manzo fue abatido a tiros el 1 de noviembre durante un evento público del Día de Muertos, frente a miles de personas, lo que generó una ola de indignación y protestas que exigían justicia y un alto a la violencia y las extorsiones que azotan la región. La investigación dio un giro dramático al centrarse en el propio círculo de seguridad del alcalde. Siete de sus ocho escoltas, todos policías municipales, fueron detenidos y enfrentan cargos por homicidio calificado en comisión por omisión, al presuntamente haber fallado en su deber de protegerlo.
Un octavo escolta se encuentra prófugo.
La situación se complicó aún más con las revelaciones de la audiencia inicial, donde la fiscalía expuso que el autor material, un joven de 17 años llamado Víctor Manuel "N", fue presuntamente víctima de una ejecución extrajudicial por parte de Demetrio “N”, entonces director de la Policía Municipal, quien le habría disparado con la misma arma del ataque cuando el joven ya estaba sometido y desarmado. Las pesquisas también condujeron a la captura de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, señalado como autor intelectual y presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien habría coordinado el atentado a través de un chat cifrado, con información proporcionada por un presunto infiltrado en el círculo cercano de Manzo. Según los fiscales, el CJNG ofreció dos millones de pesos por el homicidio.
Este caso expone la vulnerabilidad de los funcionarios públicos y la posible infiltración del crimen organizado en las instituciones encargadas de la seguridad.
En resumenEl asesinato del alcalde Carlos Manzo ha destapado una compleja trama que involucra a su propio equipo de seguridad, una presunta ejecución extrajudicial de su agresor y la posible autoría intelectual del CJNG. La detención de siete escoltas y un operador del cártel, junto con la fuga de otro guardia, subraya la grave crisis de seguridad y corrupción institucional en la región.