Además, se reportaron siete personas lesionadas.

La investigación reveló que el vehículo utilizado, una camioneta Dakota negra, ingresó a Michoacán desde Colima la mañana del ataque.

La magnitud de la explosión causó daños en un radio de 300 metros, afectando comercios, viviendas y al menos 12 vehículos. Inicialmente, la FGR, bajo la nueva dirección de Ernestina Godoy, comunicó que se investigaría como terrorismo, pero posteriormente rectificó, clasificando el delito como delincuencia organizada y atrayendo el caso a través de la Fiscalía Especializada en la materia (FEMDO). Este cambio de tipificación generó debate sobre la renuencia de las autoridades a utilizar el término "terrorismo" para describir actos de violencia del narcotráfico. Un equipo de 15 peritos federales y 11 policías ministeriales fue desplegado para analizar la escena.

El suceso se enmarca en la disputa territorial entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y las autodefensas locales, en una región estratégica para el trasiego de precursores químicos. Un analista describió el ataque como un "recuerdo del futuro", sugiriendo que este tipo de violencia podría replicarse en otras partes del país.