El saldo mortal ascendió a seis personas, entre ellas tres policías comunitarios y el presunto conductor del vehículo.

Investigaciones posteriores revelaron que los explosivos estaban ocultos debajo de un cargamento de plátanos. Este atentado se enmarca en la disputa territorial que el CJNG mantiene con Cárteles Unidos por el control de la Carretera Federal 200, una ruta estratégica para el trasiego de precursores de fentanilo y cocaína que llegan a los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas. El especialista en seguridad David Saucedo describe esta táctica como una estrategia de “tierra quemada”, buscando aterrorizar no solo a grupos rivales sino también a la población. En respuesta, fuerzas federales y estatales han desplegado un operativo de seguridad en los límites de Michoacán y Colima, instalando puntos de control vehicular.

La Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso, reclasificando la investigación inicial de “terrorismo” a “delincuencia organizada”, un cambio que la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó a la fiscalía explicar públicamente.