La situación evidencia fallas sistémicas tanto en la prevención del delito como en la procuración de justicia y el trato digno a las víctimas. La violencia cotidiana se manifiesta en hechos como el hallazgo de un hombre parcialmente calcinado, con las manos atadas y estrangulado con un alambre, dentro de un vehículo en la colonia El Sauzal. Este crimen fue reportado como el homicidio número 40 del mes de diciembre, una cifra que ilustra la alarmante frecuencia de la violencia letal en la ciudad. Paralelamente, la crisis se extiende a la gestión post-mortem, como lo demuestra el caso del crematorio Plenitud, donde la Fiscalía General del Estado ha logrado la identificación de 160 cadáveres. A la fecha, 148 cuerpos han sido entregados a sus familias, mientras 109 de ellas han interpuesto denuncias por fraude, revelando una dolorosa trama de negligencia y posible lucro con el duelo ajeno. Este panorama de violencia e irregularidades se enmarca en un contexto de impunidad histórica, recientemente subrayado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que condenó al Estado mexicano por su responsabilidad en la desaparición y feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade en 2001. La Corte señaló que en Juárez existía “un contexto de violencia de género y de impunidad generalizada”, una realidad que, a la luz de los hechos actuales, parece no haberse superado.