Entre las víctimas también se encuentra el periodista oaxaqueño Israel Enrique Gallegos Soto.

La respuesta gubernamental fue inmediata, con la presidenta Claudia Sheinbaum trasladándose a la zona para supervisar la atención a las víctimas en hospitales de Salina Cruz y Tehuantepec, y anunciando un apoyo inicial de 30,000 pesos por familia afectada. Sin embargo, la tragedia se ha visto empañada por denuncias de negligencia y carencias en el sistema de salud.

Sobrevivientes como Katherine Vásquez han relatado que el tren viajaba a una velocidad excesiva, una percepción que, según ella, compartían las anfitrionas del tren, quienes comentaban con temor sobre la rapidez del viaje. Además, han surgido quejas sobre la atención médica, como la de la propia Vásquez, quien denunció en redes sociales: “me dieron una receta para el dolor que ni siquiera tenían en existencia para surtirme”.

Estas denuncias se suman a las de otros familiares que han reportado falta de medicamentos y altas prematuras. La Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado una investigación exhaustiva, asegurando la "caja negra" del tren para analizar datos cruciales como la velocidad y las maniobras del conductor, en un esfuerzo por esclarecer las causas de un desastre que ha enlutado al país.