Sobrevivientes del fatal descarrilamiento del Tren Interoceánico, que dejó un saldo de 14 muertos el pasado 28 de diciembre, han interpuesto una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR). La acción legal apunta a presuntas omisiones y corrupción por parte de las empresas constructoras y funcionarios públicos responsables del proyecto. La denuncia fue presentada por la familia Iglesias Temich, misioneros de Chihuahua que resultaron heridos en el siniestro ocurrido en Nizanda, Oaxaca. El abogado Adrián Arellano, representante de la familia, señaló que la querella es por los delitos de lesiones, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones. La defensa basa su acusación en informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que, desde 2019, habrían detectado irregularidades, “mala supervisión, construcción y, sobre todo, una mala rehabilitación” en el proyecto. Las empresas señaladas en la denuncia son Comsa Infraestructura, Grupo Constructor Diamante y Daniferrotools.
Juan Manuel Iglesias, uno de los afectados, declaró vía telefónica que la demanda busca llegar “hasta las últimas consecuencias” contra “aquellos funcionarios que omitieron su trabajo y cedieron a la corrupción”.
Además, denunció carencias y trato poco sensible en el hospital donde su familia es atendida.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el gobierno brindará apoyo integral a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y que no es necesario que los afectados contraten abogados.
En resumenUna familia sobreviviente del descarrilamiento del Tren Interoceánico, que causó 14 muertes, presentó una denuncia formal ante la FGR contra las constructoras y funcionarios implicados. Acusan negligencia y corrupción, basándose en auditorías previas que señalaban fallas en la obra, buscando justicia y la reparación integral del daño.