La reforma busca homologar las penas a nivel nacional, ya que actualmente existe una gran disparidad entre estados; mientras en Oaxaca las penas mínimas son de 1 a 3 años, en Chihuahua pueden llegar hasta 30 años.

La oposición, aunque respaldó la iniciativa, exigió que la futura ley general cuente con presupuesto etiquetado y herramientas operativas para no convertirse en “letra muerta”. El diputado priista Alejandro Domínguez, presidente del partido en Chihuahua, demandó que la ley incluya protocolos de investigación coordinada, un registro nacional del delito y protección inmediata a las víctimas.