La decisión generó una respuesta inmediata del gobierno chino, que manifestó su rechazo a lo que consideró una medida de “coerción”. En respuesta, la presidenta Sheinbaum ha sido enfática en aclarar la postura de su gobierno, asegurando que la política no está dirigida específicamente contra China. “Primero no son medidas de coerción y no son contra China.

Eso es muy importante. Tenemos muy buena relación con China y queremos seguir teniendo muy buena relación con ellos”, declaró en múltiples ocasiones.

Sheinbaum argumentó que la medida se aplicará de manera general a todas las naciones sin un acuerdo comercial y no viola ninguna norma internacional, formando parte de una estrategia para sustituir importaciones e impulsar la producción local. A pesar de la firmeza en la decisión, el gobierno mexicano ha mantenido canales de diálogo abiertos. La mandataria informó sobre conversaciones previas con autoridades chinas y adelantó que se realizarían nuevas pláticas, además de un acercamiento por parte de Corea del Sur.

Sheinbaum minimizó el riesgo de una caída en el intercambio comercial, argumentando que “nosotros, prácticamente exportamos muy poquito a esos países, la mayoría lo importamos”. Esta redefinición arancelaria se produce en un contexto de presiones comerciales por parte de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump, aunque la presidenta ha insistido en que la medida responde a un “proyecto nacional” y no a las negociaciones con Washington.