En el centro del caso se encuentran los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, vicealmirante y contralmirante respectivamente, y sobrinos políticos del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.

A pesar del parentesco, tanto la presidenta como el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, han deslindado a Ojeda Durán, asegurando que fue él quien denunció las irregularidades hace dos años. Este escándalo ha puesto de relieve la vulnerabilidad de las aduanas, cuyo control fue entregado a la Semar en 2021 por el gobierno anterior para combatir la corrupción. Investigaciones periodísticas de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) también han vinculado la operación del muelle fiscal 289 en Tampico, clave en el esquema, con un empresario tabasqueño cercano al senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, lo que amplía las posibles ramificaciones políticas del caso.

Sheinbaum ha descrito este delito como un “doble daño” que implica evasión fiscal y competencia desleal contra importadores legales y Pemex.