Sheinbaum argumentó que el incremento presupuestal, cercano al 17%, fue solicitado por la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), encabezada por Norma Piña, y que los nuevos ministros electos por voto popular no tuvieron tiempo de ajustarlo. “Desde nuestro punto de vista no requiere tanto presupuesto”, afirmó la mandataria, justificando el recorte con la nueva política de austeridad y la reducción de salarios en la Corte. La propuesta es reorientar esos fondos a sectores que, según ella, tienen “mayor necesidad”, como el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), universidades públicas, proyectos de infraestructura, salud y educación. La nueva SCJN, a través de una tarjeta informativa, respondió rápidamente, señalando que el presupuesto heredado “no refleja la realidad de la Nueva Corte” y que ya había solicitado al nuevo Órgano de Administración Judicial (OAJ) examinarlo y ajustarlo a la baja. Este movimiento del OAJ, comunicado a la propia presidenta, confirma la disposición del Poder Judicial para revisar su gasto, aunque la cifra final y su alineación con la propuesta presidencial aún están por definirse. La decisión final recaerá en la Cámara de Diputados, que tiene hasta el 15 de noviembre para aprobar el Presupuesto de Egresos, configurando un escenario de tensión y negociación sobre la autonomía financiera del Poder Judicial.